El nuevo Código Procesal Penal, promulgado hace más de una semana y puesto en vigencia de manera inmediata, elimina algunas restricciones a los acuerdos entre el Ministerio Público y los imputados de la comisión de crímenes y delitos.

En ese sentido, habilita la posibilidad de las soluciones alternas en cualquier etapa del proceso y suprime el límite de los 20 años o menos que debía tener como sanción el hecho para un procedimiento abreviado.

Este tipo de negociación es el más utilizado por el órgano persecutor en los grandes casos de corrupción y que le ha permitido obtener en poco tiempo sentencias firmes a su favor.