El nuevo Código Procesal Penal de la República Dominicana introduce reformas significativas que otorgan mayor flexibilidad al Ministerio Público para pactar con los imputados. Bajo la nueva Ley 97-25, las autoridades pueden negociar soluciones alternas en cualquier momento del proceso, eliminando las barreras temporales y de gravedad del delito que existían anteriormente. Esta normativa también obliga a los jueces a incentivar la conciliación entre las partes para evitar juicios prolongados. El objetivo principal es reducir la congestión judicial y transformar una cultura legal tradicionalmente litigiosa en un sistema más ágil y eficiente. Mediante herramientas como los criterios de oportunidad, se busca obtener sentencias rápidas y colaboración clave en casos de corrupción o crimen organizado.