Siempre que ocurre un desastre producto de un fenómeno natural buscamos responsables en quienes no pueden pagar por sus supuestas culpas. Nos hemos acostumbrado a mirar a la naturaleza como la responsable de nuestras negligencias y en ese hábito hemos construido un país de impunidad. Ecuador vive del suceso y se olvida de resolver sus problemas atacando a las razones fundamentales.
El 15 de diciembre del 2021, parte del casco urbano de la pequeña ciudad de Zaruma, en la provincia de El Oro, se hundió y todos coincidimos en culpar a la minería ilegal, pero dejamos de hablar de la minería legal, que también tiene su parte de responsabilidad en el desastre, no solo de Zaruma sino de muchos territorios, sobre todo pertenecientes a pueblos indígenas amazónicos. Pero, además, olvidamos que las advertencias de ese desastre fueron numerosas y durante muchos años. Zaruma no se hundió de la noche a la mañana. Sabíamos que estaba en riesgo y permitimos que ocurriera el desastre.
El pasado 28 de enero, un derrame de petróleo en la Amazonía ecuatoriana contaminó más de 2 hectáreas del Parque Nacional Cayambe Coca y los ríos Piedra Fina, Quijos, Coca, Napo, y a esta hora el petróleo avanza hacia los cauces en Perú. Ni siquiera se ha reparado aún a las 27 000 víctimas del derrame de 15 800 barriles de petróleo el 7 de abril del 2020 y ya enfrentamos un nuevo derrame en el mismo sitio. A mediados del 2021, la revista Plan V reportó que en Ecuador ocurren dos derrames petroleros cada dos semanas, pero como no ocurren en una ciudad grande, no les damos la importancia y menospreciamos, como en la colonia, a miles de habitantes amazónicos que dejaron de tener acceso a su derecho a agua limpia para vivir. El Estado y las petroleras se conforman con llevar bidones de agua y con decir que ya lo están limpiando o que es culpa de otros. Siempre es culpa de otros.
El domingo 31 de enero, un aluvión se cobró la vida de al menos 24 personas en plena zona residencial de Quito, en los barrios de La Gasca, La Comuna de Santa Clara de San Millán, y destruyó casas, parques, desbordó alcantarillas y paralizó buena parte de la ciudad. Entre 1900 y 1988, 70 episodios similares se han registrado en Quito y muchos de nosotros hemos crecido con noticias parecidas, pero los bosques de las laderas del Pichincha son cada vez más débiles porque permitimos que alguien construya edificios de departamentos, universidades, cementerios o barrios, a cambio de dinero o de votos.
Todos estos eventos son reincidentes. Todos tuvieron antecedentes, advertencias, estudios contundentes. En todos ellos hay evidencia de irregularidades o ilegalidades, violaciones de derechos fundamentales y, sobre todo, impunidad.
Las quebradas de Carretas, en Carapungo, o las de Monjas, en el flanco oriental de la ciudad, están olvidadas y nos están dando alertas. ¿Qué ocurre en otras ciudades más pequeñas adonde nunca miramos? La minería, las petroleras y las hidroeléctricas están provocando graves daños a la naturaleza y a miles de personas y como país estamos mirando hacia otro lado…
¿Hasta cuándo vamos a echarle la culpa a las lluvias de la negligencia de las autoridades? ¿Hasta cuándo vamos a hacernos de la vista gorda frente a la histórica costumbre de pagar a funcionarios para obtener permisos ambientales y construir lo que se nos antoja en donde se nos antoja? ¿Es eso desarrollo o es eso precisamente lo que define nuestro subdesarrollo?