Natalia Greene, Secretaría del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza. Es consultora de Derechos de la Naturaleza con la Alianza Pachamama y es el punto focal en Ecuador de la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza y miembro de su Comité Ejecutivo. Se graduó en el Hampshire College, tiene una maestría en Ciencias Políticas de FLACSO Ecuador y una maestría en Cambio Climático de la UASB. Promovió el reconocimiento de los Derechos de la Naturaleza en la Constitución de Ecuador y ha trabajado en los aspectos ambientales e indígenas de la Iniciativa Yasuní-ITT para mantener el petróleo bajo tierra en la Amazonía. Desde 2011 hasta 2013, Natalia Greene fue la presidenta de CEDENMA, la Entidad Coordinadora Nacional de ONGs Ambientales, y actualmente coordina la Plataforma Nacional de Justicia Climática y fue reelegida como presidenta de CEDENMA en 2018.
Este capítulo fue co producido entre Cuencas Sagradas y Emergencia Amazonia. Gracias a Luciana por su investigación y por conductora, Lucia Villaruel y Olivia Palma por su trabajo en producción, Julio Ramos por la edición de audio y a Joaquín Cornejo por la música. Nuestros colaboradores son Fundación Pachamama y Lanceros Digitales.
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Contexto del Contenido
En el 2008 Ecuador se convertía en el primer país del planeta en reconocer la naturaleza como sujeto con derechos desde la constitución En la ciudad de Cochabamba.
Sin embargo, la constitución del Ecuador también dejó espacio para la práctica extractivista.
En junio del 2022 Ecuador vivió un paro nacional, la confederación de las nacionalidades indígenas del ecuador, demandaba, entre otras cosas, la derogatoria de los decretos 95 y 151 para finalizar el paro.
Decreto 95
El Decreto fue emitido por el gobierno de Guillermo Lasso el 7 de julio de 2021. Donde ordena acciones para el incremento de la producción de hidrocarburos y potenciar posibles inversiones privadas en el sector para lograr "optimizar los recursos estatales"
Decreto 151
El decreto 151 firmado por el presidente Guillermo Lasso el 5 de agosto del 2021 contiene la política minera del Ecuador o el denominado Plan Minero.
Este plantea en sus primeros artículos que la industria minera se debe manejar “bajo los criterios de eficiencia, transparencia y responsabilidad, garantizando a su vez la seguridad jurídica para las inversiones, la gobernanza y la soberanía energética”. También plantea la reapertura del catastro minero, pero además habla de luchar contra la minería ilegal.