Han pasado casi diez años desde que el partido Ley y Justicia llegó al poder en Polonia. Tras asegurarse el control del Ejecutivo y del Parlamento, su siguiente blanco fue claro: el Poder Judicial. Colocaron jueces afines en el Tribunal Constitucional, tomaron la institución encargada de formar y designar magistrados y, con el tiempo, nombraron a unos 3,000 jueces leales al gobierno. Para quienes se atrevían a decidir en contra de sus intereses, diseñaron reglas que permitían castigarlos o incluso removerlos.
La ofensiva tuvo consecuencias más allá de las fronteras. La Unión Europea retuvo millones de euros a Polonia en señal de condena por las violaciones a la independencia judicial.
En 2023, el nuevo gobierno de Donald Tusk prometió desandar el camino y recuperar el Estado de derecho. Pero la tarea no ha sido sencilla: los obstáculos son enormes y han abierto dilemas inéditos tanto dentro del sistema jurídico polaco como en la escena internacional. En el centro de esta batalla está Adam Bodnar, ministro de Justicia y defensor de los derechos humanos, que ahora enfrenta el reto de desmontar un aparato que convirtió a los tribunales en un brazo más del poder político.
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