El 1 de junio, mágicamente, todo cambia. Los cruces peatonales, edificios y escaparates se pintan de arcoiris y los medios, empresas e instituciones actualizan sus redes sociales para colocar imágenes y frases alusivas a la conmemoración del orgullo LGBTIQ+. Llegó el Pride y con él, un apabullante y efímero interés por los derechos de la diversidad sexual y de género, que en ocasiones parece de perseguir sólo un fin económicamente instrumental.

Se trata del pinkwashing, una estrategia orientada a promover una imagen de apoyo a los derechos LGBTIQ+ para mejorar la reputación, al tiempo que se oculta o desvía la mirada de prácticas discriminatorias o violaciones estructurales a los derechos humanos de esta población. El fenómeno es común en el ámbito comercial y político, pero ha sido poco analizado en el área de la justicia constitucional.

¿Cómo explicar, por ejemplo, que tribunales constitucionales garanticen derechos LGBTIQ+ en contextos de erosión democrática en los que además son constantemente atacados?

¿Son acaso estos derechos monedas de canje que permiten a los tribunales legitimar su imagen mientras avanza el debilitamiento de la democracia?

Platicamos con Rehan Abeyratne, profesor de la Western Sydney University, autor del libro Los tribunales y los derechos LGBTQ+ en la era de debilitamiento judicial