El primer año de Claudia Sheinbaum está marcado por la dualidad: el combate a la corrupción, se castiga la de los adversarios, pero no la de los propios; en el caso de las relaciones exteriores, la bandera de la autodeterminación se iza cuando se trata de Estados Unidos, pero cuando se trata de Venezuela, no y en el caso de la economía, se celebran las cuentas del gobierno, pero ya se optó por un modelo del no crecimiento. En su primer año, Claudia Sheinbaum logró que AMLO no estuviera en la conversación y luego AMLO se coló, con su libro y un senador comprando miles de ejemplares. En seguridad, Sheinbaum logró cambiar la conversación, de modo que el gran problema fue la economía.

Siete años después de la llegada de la 4T al poder, hay cosas que no cambian como corrupción, inseguridad, o una economía estancada. La pregunta es si en los próximos años, el logro de aumento al salario mínimo y los programas sociales le alcanzará al partido hegemónico para lograr triunfos similares o si la hoy desdibujada oposición, se convertirá en algo nuevo y atractivo.

Alejandro Gertz Manero se acomodó a las exigencias de AMLO hasta que en la recta final dejó de servirle, no por apegarse a la legalidad de la Fiscalía, sino como parte de las grietas internas de poder en el régimen; se ventilaron filtraciones sobre el senador Adán Augusto López y Andrés Manuel López Beltrán, que no llegaron a judicializarse, pero el airear esos casos generó un humor social muy adverso al gobierno. Gertz se extralimitó y dejó de garantizarle impunidad total a AMLO, y entonces fue removido. El cuarto eje de la estrategia de Claudia Sheinbaum se refiere a la coordinación; Gertz solo trabajaba para Gertz y su beneficio. La presidenta ya tiene el control de la fiscalía. Quizá se extrañe la incertidumbre que generaba Gertz. Ahora, si la delincuencia tiene color guinda, nunca sabremos qué pasa con asuntos como el de La Barredora. Además de guardar en un cajón la autonomía de la FGR, Ernestina Godoy, la sucesora de Gertz va a ser un alfil en la estrategia electoral morenista de 2027.

De acuerdo con los resultados de las 200 mesas de negociación entre agricultores, transportistas y miembros del gabinete encabezados por Rosa Icela Rodríguez, la secretaria de Gobernación es parte del problema y no parte de la solución. Pareciera que los funcionarios solo escuchan lo que se dice en la Mañanera, pero eso no disipa la irritación de sectores económicos, la inseguridad, la extorsión y un ciclo donde se está perfilando una nueva ola de impunidad. Causas legítimas son descalificadas sin haber hecho el esfuerzo de abordarlas. Fue muy desafortunada pero muy reveladora la forma en que Rosa Icela Rodríguez se dirigió a los liderazgos que se han manifestado. Sin embargo, el gobierno no tiene cómo resolver los precios de garantía, no tiene dinero. Hay rabia rural.

Lo sustantivo de la marcha del pasado fin de semana no es quién la organizó, sino sus causas y orígenes: hay un hartazgo frente a las violencias, la extorsión, la falta de medicinas, los asesinatos, los desaparecidos. Hace varias marchas ya que un elemento externo al gobierno y a los organizadores reaparece una y otra vez, el o los bloques negros. ¿Quiénes son y qué sabe el gobierno de ellos? Es un agente que no tiene reivindicación alguna y sin embargo, persiste.

El Plan Michoacán está pensando más para rescatar a los gobernantes que para arreglar problemas de raíz. Como sucedió en Ayotzinapa, ésta vez las balas fueron disparadas en Uruapan, pero estallaron en Palacio Nacional. Esto descolocó a la presidenta y desde entonces el gobierno quiere rescatarse a sí mismo. Michoacán tiene una contradicción muy fuerte: tiene bolsones de riqueza a pesar de su bajo ingreso. Uno es el aguacate, otro son las moras, otro es el puerto de Lázaro Cárdenas, otro es la madera y sin embargo el ingreso promedio de los trabajadores es de los más bajos del país. El crimen decidió que quería su rebanada y lo han logrado en los tres casos: exprimen a la minera, controlan el puerto, extorsionan a los productores y a los empacadores de aguacate. Empiezan a formar parte de la economía local y se están quedando con parte de las autoridades, que primero toleraban al crimen, luego se hizo su cómplice y ahora es su subordinada.

El asesinato del alcalde Carlos Manzo es una tragedia que precede a la siguiente. Fallaron el gobierno federal, el estatal y el municipal, y a la falla sigue un sentimiento de importancia de rabia, de frustración porque nadie asume su responsabilidad. Las organizaciones criminales son las que mandan. Las imposiciones que hacen los criminales son las que prevalecen, desde el precio del limón o quién puede hacer qué y deja en evidencia que el estado ha abandonado a su suerte a la población, que se siente ultrajada.

No cabe esperar demasiado de relanzamiento del PAN, que no logra conectar con sectores diversos del electorado. Tan es así, que hasta entre los de derecha ha perdido simmpatía. No se ve la chispa que pueda detonar entusiasmo, incluso entre los propios panistas. Sin embargo, el hecho de que se hable diez días después del relanzamiento apunta a que todo fue ocurriendo después del relanzamiento, casi por accidente. Pero ha quedado claro que lo que Acción Nacional pretende es ganar la batalla por la oposición.

La extorsión lleva mucho tiempo con nosotros. Es una industria. Es el delito con el que no puede el gobierno, donde topa con pared. Al padre de Bernardo Bravo lo mataron prácticamente en las mismas circunstancias que a su hijo porque ya casi es predecible: las autoridades saben quiénes son, quiénes son las bandas que vandalizan y extorsionan. Quienes se quedan con la generación de valor de la actividad económica agroindustrial son las bandas del crimen organizado. La extorsión forma parte del escenario cotidiano dramáticamente y ahí se han topado con pared las distintas autoridades.

Clara Brugada está en una lucha contra sí misma, por el significado de la palabra utopía. La jefa de gobierno ha construido sus oasis en la capital, pero los capitalinos están reclamando algo muy distinto: poder circular 10 km en menos de 2 horas, tener transporte público confiable, no arruinar la suspensión de su auto en los miles de baches. Estas demandas también forman parte de los deberes y obligaciones de la jefa de gobierno de la ciudad. Los anhelos justicieros de Clara Brugada que la propulsaron a ser candidata tienen que dar cabida a una serie de demandas que no están en su lista de prioridades.

El domingo, Claudia Sheinbaum cumplió con el ritual del baño de masas, indispensable en la herencia de AMLO. El escenario no era propicio para hacer una reflexión más profunda, pero sí hubo largos minutos para la arenga contra la corrupción, aunque sin nombres y apellidos. Sheinbaum y AMLO no van a romper. Quizá haya nuevos golpes y nuevas aprehensiones, pero fractura no. Ese fue el mensaje.

Hace un año que gobierna Claudia Sheinbaum, un año sin AMLO. El primero, la presidenta se dedicó a instrumentar los pendientes de López Obrador, sobre todo terminar el paquete de reformas. El gobierno cacarea que en seguridad ya dio el viraje, pero los principales desafíos de su gobierno son –no Trump, que siempre estará ahí--, sino separar al poder político del poder del crimen organizado, un desafío monumental porque implica rupturas que ponen en riesgo la sobrevivencia política. El otro reto es que el aparato de gobierno no tiene recursos y está entrampado en la ineptitud. Hasta aquí, la presidenta lo ha hecho muy bien. Ha lidiado con el escepticismo clásico del inicio sexenal, con la sombra de AMLO y con condiciones novedosas como la llegada de Trump. Trabaja en un modo de guerra y no asume su herencia con pesadumbre. Ve su sexenio con una continuidad legítima.

El ambiente político del país se descompuso y el gobierno está con espalda contra la pared por lo de la Marina. Aunque no haya acciones jurídicas en contra de Adán Augusto López o en torno al exsecretario de Marina, el almirante Ojeda, está creciendo un veredicto político en amplios sectores de la población: estamos ante una confabulación de elementos del Estado mexicano para robarle, el estado se carcome a sí mismo. Ese veredicto es muy negativo para el gobierno anterior, pero también para el de Sheinbaum si no hay un veredicto jurídico.

El huachicol es mucho más grande que el caso de los hermanos Farías. Esta es la primera acción, pero hay una cadena que inevitablemente lleva a una pregunta: ¿A dónde fue a parar el dinero? ¿A los bolsillos de un capo, o de varios empresarios? Se sabe que el huachicol ha sido fuente de financiamiento de candidatos, partidos y campañas, pero no se han abierto carpetas de investigación.

Claudia Sheinbaum afirmó que México vive un “momento estelar” al rendir su informe, al margen de los otros partidos. En términos políticos, como cada año, fue un desperdicio. Por otro lado, entró en funciones la nueva Suprema Corte de Justicia. El simbolismo va a caducar; en dos años ya no va a presidirla el segundo indígena en su historia, sino Lenia Batres. Sin embargo, que el poder judicial aunque entre comillas haya sido electo democráticamente, no lo hará profesional. La presidenta afirmó que termina en la Corte “una era muy cuestionada por sus sentencias, por la corrupción, por la defensa de privilegios, por el nepotismo”, pero la próxima se adivina más o menos igual, menos profesional y CERO autónoma.

Ismael El Mayo Zambada sobornó durante 45 años a políticos, policías y militares, la santísima trinidad de la falla institucional mexicana. Una prueba de ellos es que Zambada nunca había pisado la cárcel, con administraciones de unos y de otros. La presidenta dice que no le preocupa lo que Zambada pudiera declarar, pero evidencia su doble estándar: García Luna es narco para la justicia estadounidense y luego para la nuestra, pero en este caso, que seguido los mismos procedimientos, la conclusión es diferente.

En un momento especial en las relaciones entre México y Estados Unidos, la DEA anunció que a partir de un programa llamado Portero, se buscan objetivos clave en la frontera, en un proyecto coordinado y “codo a codo”, de acuerdo con el comunicado de la agencia. Después del anuncio, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó la existencia de un acuerdo con la DEA, donde matizó: se trata de un taller, dijo. La DEA está acostumbrada a no coordinarse con nadie, sin embargo, el lenguaje de su comunicado es generoso: habla de una operación conjunta, de colaboración, pero a Sheinbaum no le gustó el madruguete.

La cantidad de tareas que Claudia Sheinbaum le encargó a la comisión de la reforma electoral es increíble: se trata de una transformación absoluta del sistema electoral. Se planteó mucho más de lo que se puede lograr con el plazo en el que disponen. Pablo Gómez quiere un nuevo régimen político y no parece que la presidenta vaya a encabezar ese proyecto. Ella es muy contundente al respecto de terminar con los OPLES, pero la emoción con la que se expresa deja claro que la intención es cobrarse el fraude del 2006 y sacarle hasta la última gota hasta la mayoría, aunque el sistema presente les dio una sobrerrepresentación que no existe.

Pablo Gómez, el nuevo coordinador de la reforma electoral, ha planteado que México debería tener casi un sistema parlamentario. Esa ha sido su posición. ¿Para qué quiere la presidenta una reforma electoral? ¿Para consolidar lo que en los hechos ya lograron? La sobrerrepresentación tiene mucho que ver con las plurinominales. El sistema actual le ha funcionado muy bien a Morena para construir falsas mayorías. La presidenta no tiene dinero y realmente cree que las elecciones son costosas. Por eso quiere reducir el presupuesto a los partidos y al INE.

Se acumulan los problemas para la presidenta: la demanda contra el abogado de Ovidio Guzmán, la nueva amenaza trumpiana de los aranceles, en particular al jitomate, la huida de Hernán Bermúdez, exsecretario de seguridad de Tabasco (con Adán Augusto López). Claudia Sheinbaum está atrapada entre el crimen organizado, la violencia sistémica y las ocurrencias de Trump, pero, sobre todo, está condenada a salir a todas para defender a los propios, y carga una loza en la espalda de asuntos que le heredaron. No deja de ser extraña la reacción del gobierno de México, que parece decira Estados Unidos “no te metas en mis asuntos, estos con mis capos”, en lugar de celebrar y apoyar que se desnuden las complicidades entre narcos y gobierno para hacer justicia.