Cristián Valenzuela, asesor de Kast que escribió la columna “parásitos”, trabaja desde 2018 seleccionando personas para ocupar cargos públicos. En siete años ha intervenido en 23 concursos del Sistema de Alta Dirección Pública. Escucha más detalles aquí.
💰 Cathy Barriga rindió $10 millones al Servel por gastos de campaña a reelección que nunca pagó al proveedor: se los transfirió a Lavín. El diputado declaró ante fiscalía que él sí pagó, sin embargo, Contraloría no encontró evidencia de eso. Diego Ortiz te cuenta los detalles.
CIPER detectó que US$34 millones administrados por las AFP terminaron invertidos en empresas que proveen armas o tecnología de guerra a Israel. Estas compañías fueron acusadas por un informe de la ONU de beneficiarse de una "economía del genocidio" en Gaza. Diego Ortiz te cuenta los detalles de esta investigación.
En su solicitud de desafuero, fiscalía hace una acusación desconocida hasta ahora: que el diputado Lavín no transfirió a proveedor $34 millones reembolsados por el Congreso y el Servel. Su defensa asegura que los pagos sí se realizaron. Diego Ortiz te cuenta los detalles.
El expresidente de la Corte Suprema, Milton Juica, entregó a CIPER su opinión sobre el proceso de remoción del magistrado Antonio Ulloa: "Una persona de esa naturaleza no puede estar en el Poder Judicial". Paulina Toro te cuenta más detalles de esa entrevista.
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30 diputados y un senador, desde comunistas a republicanos, han pagado anuncios en Facebook o en Instagram para promocionar candidaturas de manera anticipada al periodo que permite la ley. Recién este 17 de septiembre se inicia oficialmente la campaña para hacer propaganda electoral, pero la evidencia revisada por CIPER muestra que esta práctica viene ocurriendo al menos desde hace cinco meses. Las publicaciones de los parlamentarios promueven sus propias candidaturas o las de sus presidenciables, pero también critican a postulantes contrarios. Si bien no hay regulación sobre “contracampaña”, en el Servel señalaron a CIPER que esos mensajes podrían considerarse propaganda. Las normas de ese servicio también aclaran que no es requisito que la publicación haga un llamado expreso a votar para determinar que se trata de publicidad electoral.
🔎 Fiscalía archiva investigación por chat de Telegram que difundía imágenes de explotación sexual infantil entre miles de usuarios. La periodista Catalina Olate te cuenta los detalles de este caso.
Un convenio del GORE Metropolitano, por $1.900 millones, financió un proyecto encabezado por un amigo del entonces jefe de gabinete de Claudio Orrego. Al igual que en el Caso Procultura, había un nexo previo entre personas de ambas partes.
Nuestro periodista Diego Ortiz te explica cómo la salmonera Australis pretendía mitigar la sobreproducción de miles de toneladas de salmones con una compensación ambiental ficticia
El Ministerio Público comunicó a través de un correo electrónico dirigido a intervinientes, que desiste de perseguir por cohecho y prevaricación a Manuel Valderrama Escobar, hijo del ministro supremo del mismo nombre. Según ese mensaje, el fiscal a cargo, Felipe Sepúlveda, sí formalizará al abogado, pero por delitos tributarios. Valderrama Escobar, quien fue defendido por el actual fiscal nacional, era investigado porque, siendo juez arbitral, habría recibido dinero de una de las partes en conflicto sin que la contraparte lo supiera y por organizar una subasta de bienes que fue cuestionada por intervinientes en el proceso. La decisión del Ministerio Público beneficia también al representante legal de Minera Santa Laura, Juan Cristi, quien fue defendido por el exfiscal Manuel Guerra.
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Una reservada diligencia solicitó la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, al Banco Central en septiembre pasado. Lo hizo en una causa en que se investiga a la exjueza Ángela Vivanco. La fiscal pidió conocer las operaciones de cambios internacionales realizadas por 11 personas naturales y tres sociedades desde 2018. Entre estas se cuentan Vivanco, su marido, el abogado Luis Hermosilla, los representantes del consorcio bielorruso Belaz-Movitec y abogados que defendieron a esa empresa. En la nómina figuran los exdiputados y abogados Eduardo Lagos y Gabriel Silber. En su respuesta, el banco señaló que siete personas de esa nómina registraban operaciones. Entre ellas figura la exsuprema y Hermosilla. Desde el 5 de junio pasado la investigación se amplió a lavado de activos y, por lo mismo, se decretó su reserva.
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CIPER revisó documentos y videos que muestran que las autoridades edilicias sabían que existían otras empresas en el mercado, pese a lo cual decidieron evitar una licitación y realizar una “búsqueda activa” de un proveedor de confianza, como explicó ante los concejales el jefe de producción del municipio, Andrés Chadwick Costa. El argumento principal es que la empresa elegida ya tenía registrados los derechos de un show de drones alusivo a la comuna. Pero, ese registro en realidad se concretó después de que la municipalidad empezara el proceso de búsqueda y adjudicación. El dueño de la empresa dijo a CIPER que fue contactado por la municipalidad en marzo, dos meses antes de que registraran los derechos de su espectáculo. Desde Providencia también reconocieron que no hubo inscripción sino hasta mayo.
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La calidad de vida en Estación Central se desplomó luego de que la administración del exalcalde Rodrigo Delgado (UDI) permitiera la construcción de 54 edificios mega densos. Estas construcciones fueron prohibidas en 2016 por Contraloría y se ordenó invalidar los permisos pendientes. Pero, no se hizo, permitiendo que nuevos proyectos fueran aprobados aún cuando no cumplían las normas. Hoy, cuatro de estos edificios –propiedad del grupo Su Ksa– piden su recepción. La municipalidad se ha opuesto. En paralelo, Su Ksa se reunió por Ley de Lobby con la senadora Ximena Rincón, quien posteriormente ha denunciado que se estarían exigiendo coimas a la inmobiliaria. El senador Fidel Espinoza respaldó aquello. Requeridos por CIPER, los senadores no entregaron pruebas de la acusación. El dueño de Su Ksa que se reunió con Rincón, Armando Ide, dijo que “no le interesa” hablar del tema.
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En febrero pasado, el exfiscal Manuel Guerra declaró ante la fiscalía en una de las aristas del Caso Hermosilla, en la que se le investiga por presunta prevaricación, cohecho y revelación de secreto. CIPER accedió al documento en que Guerra aseguró que el fiscal Felipe Sepúlveda, que lleva actualmente el Caso Hermosilla, fue quien le entregó información sobre la investigación del exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba (RN). Guerra afirmó que los datos que transmitió a Luis Hermosilla ya circulaban en la prensa, con lo que intentó demostrar que no recibió una filtración de datos reservados. Sin embargo, la línea de tiempo que CIPER ha podido reconstruir sobre la información publicada en medios de comunicación, indica que la versión de Guerra no es correcta: cuando le escribió a Hermosilla contando detalles de la denuncia, el 28 de agosto de 2021, esa información aún no era de dominio público.
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CIPER entrevistó a transportistas de la empresa de reparto Starken, controlada por los dueños de Tur Bus y una de las más solicitadas en la pandemia. Todos han sido asaltados y la empresa les cobra por la carga que les roban. Sus liquidaciones muestran descuentos que llegan hasta $790 mil mensuales. Pablo Valdés murió de un balazo en el pecho el 24 de marzo pasado porque defendió la carga. Los repartidores dicen que ganan entre $600 mil y $1,2 millones al mes, por lo que si son asaltados deben escoger entre pedir préstamos para sobrevivir o enfrentar a los ladrones.
En esta nueva investigación de las “zonas ocupadas” actualizamos los datos de infraestructura y equipamiento de las poblaciones, villas y barrios más expuestos al crimen organizado en la Región Metropolitana. La mayoría de estas 174 zonas son catalogadas como de “alto riesgo” por prestadores de servicios esenciales (agua, luz, correos, ambulancias y delivery). Muchas de ellas están lejos de farmacias, consultorios, comisarías y supermercados, entre otros servicios. En conjunto con el Centro de Investigación y Proyectos Periodísticos de la UDP, para este reportaje revisamos bases de datos y hablamos con trabajadores que proveen estos servicios en la ciudad. El resultado es un retrato de la violencia y desprotección que sufren los sectores más vulnerables de la capital, plasmado en una detallada visualización con mapas y datos de cada zona.
Primero en 2009 y luego en 2012, CIPER identificó las zonas controladas por el narcotráfico en la Región Metropolitana. Las llamamos “zonas ocupadas”, porque sus habitantes viven prácticamente al margen de la acción del Estado, expuestos a la violencia y con escaso acceso a equipamiento urbano. Ahora, en alianza con el Centro de Investigación y Proyectos Periodísticos de la UDP, presentamos la tercera versión. Revisamos bases de datos, entrevistamos a pobladores y preparamos una visualización con los mapas y el detalle de cada zona. El resultado es desalentador: las “zonas ocupadas” pasaron de 80 a 174. Y sus habitantes, que hace algunos años aún consideraban que los tiroteos y “balas locas” eran episodios graves y extraordinarios, finalmente se acostumbraron a la violencia. Este es el relato de quienes conviven con el crimen organizado.
Un funcionario de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) ya declaró en la investigación judicial y admitió que solicitó por correo electrónico al Registro Civil información de Mauricio Weibel y de un ex militar que denunció corrupción. Ese dato es clave, porque desde la misma dirección IP utilizada por ese funcionario se requirieron antecedentes sobre otros periodistas que investigaban corrupción militar y violaciones de derechos humanos. Las solicitudes al Registro Civil fueron investigadas por la PDI: aparecieron otras direcciones IP, nuevos correos electrónicos y los nombres de al menos cinco periodistas. Ya está identificada otra funcionaria de la DINE que también solicitó ese tipo de antecedentes.
Al menos en cuatro ocasiones el Partido Socialista recibió antecedentes que alertaban sobre las denuncias de acoso y abuso sexual contra el alcalde Arturo Aguirre, lo que no impidió que la colectividad patrocinara su candidatura a la reelección. En enero de 2020 un estudio jurídico que representa a una de las afectadas los entregó por escrito en la sede partidaria, donde les pusieron el timbre de recepción de la colectividad. En las mismas fechas el militante socialista Sergio Castillo también presentó los testimonios. Luego, en enero de este año, volvió a ingresarlos en la sede del PS en una carta dirigida al Comité Central, en la que también quedó impreso el cuño de la recepción.
Un informe elaborado por la Fiscalía, con datos actualizados al 28 de enero pasado, indica que originalmente se abrieron 8.581 causas por violaciones de derechos humanos ocurridas durante el estallido social. De ellas, 2.013 fueron reagrupadas con otros procesos. En total quedaron activas 6.568. Pero el 46% de ellas, 3.050 causas, ya fueron cerradas sin formalizaciones y en su mayoría prácticamente sin avances. Las principales razones: falta de pruebas y víctimas inubicables. El informe indica que solo una se cerró con sentencia condenatoria.