Bueno, qué jornada. De esas que mezclan política exterior, tensión institucional y silencios que pesan más que las palabras. ¡Entrémole!

Vaya jornadita ¿eh? Pocos hechos nuevos, pero muchos pleitos acumulados. No hubo temblores imprevistos pero sí suficientes refritos como para adobar el Reporte de hoy. Vamos pues. 

Bueno, el martes estuvo peor que el lunes, sino que lo diga la Sele, que pareciera merece su propio apartado en el próximo Informe Estado de la Nación. Hagamos pues, mosaicos con piedritas sueltas. Por dicha, siempre aparece algún personaje amable que ayuda a levantar la sazón con alguna salida pintoresca: ya llegaremos. 

Se sabe que viene un martes especial cuando el lunes es una especie de ensalada rusa político-administrativa donde todo parece menor… hasta que uno lo acomoda junto y el cuadro aparece clarito. Vamos por partes. 

Este jueves la Asamblea Legislativa vivió una de esas jornadas que, sin necesidad de aspavientos, revelan un problema más hondo que el caso puntual: un Estado que improvisa, se contradice y se enreda solo. El turno le tocó al Inamu, específicamente a dos funcionarias clave: la presidenta ejecutiva Yerlin Zúñiga Céspedes y su asesora legal, la abogada Claudia Blanco Matamoros... Más allá de ese incómodo episodio el gran acontecimiento del día fue, por supuesto, la presentación del XXI Informe Estado de la Nación, la radiografía anual que nos recuerda que Costa Rica siempre está más complicada de lo que uno logra procesar entre desayuno y almuerzo.

Ayer miércoles el país recibió una buena noticia: la Contraloría General de la República aprobó los ₡2.700 millones que permitirán pagar las licencias de cuido que más de 600 familias llevan esperando desde finales de setiembre. Días atrás, mi querido May, que es más abogado que politólogo y psicólogo me dijo: “la Contraloría podría colgarse de lo que resolvió la Sala para avanzar por ese lado”. Tuvo razón, así lo hicieron. 

Ayer martes mientras la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Mónica Taylor, aseguraba ante una comisión legislativa que el nuevo sistema informático de la institución había sido “exitoso”, la Contraloría publicaba un informe lapidario: la Caja atraviesa una crisis institucional activa derivada de la implementación forzada del ERP-SAP, su nuevo sistema contable y administrativo.

Para sorpresa de nadie el Ejecutivo sigue sentado en la galleta de no convocar el proyecto de ley requerido para poder avanzar con el pago de las licencias de cuido. El cuento ya lo contamos completo, incluso lo abordé a fondo en el Café Para Tres del viernes pasado. En resumen, por razones incomprensibles, Zapote considera que hay rédito político en tratar de posicionar la idea de que es la Contraloría General de la República la que está atrasando el trámite. 

 La encuesta del IDESPO-UNA confirmó lo que ya insinuaban los estudios del CIEP: más que decidir quién lidera, el país decidió (por ahora) no decidir. Laura Fernández encabeza la intención de voto con un cómodo y sólido 28%, pero el verdadero dato no está ahí, sino en la otra mitad: el 52% de los costarricenses todavía no sabe por quién votará. Esa mayoría silenciosa no es apatía; es diagnóstico.

Lo dicho: no hay fondo. El presidente de la república Rodrigo Chaves volvió a usar la conferencia de prensa para pelear con la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, Eugenia Zamora. Esta vez la acusó de “amenazar la estabilidad democrática” y de carecer de “coherencia, equidad y respeto a la Constitución”. 

Costa Rica amaneció este martes con el operativo judicial más grande de su historia. Más de mil doscientos funcionarios del OIJ y la Fiscalía, apoyados por helicópteros, unidades caninas y cuerpos tácticos, irrumpieron en 64 puntos simultáneos para desmantelar el Cartel del Caribe Sur, una organización dirigida por los hermanos Luis Manuel y Jordie Picado Grijalba, alias Shock y Noni, ambos ya detenidos y requeridos para su extradición por Estados Unidos. 

Lunes relativamente tranquilo, con buena parte del país distraída pensando en cuánto tendrá que pagar de marchamo. Primero, para quienes extrañaron el Repaso Dominical, se los dejo enlazado. Segundo, La Nación resolvió el misterio de la “prestigiosa empresa de seguridad internacional” que encontró el micrófono “de ultratecnología” supuestamente oculto en la oficina de doña Laura Fernández. Tercero, el pleito mediático entre La Nación / CR Hoy y OPA llegó a una nueva dimensión el viernes pasado.  

La magistrada presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Eugenia Zamora Chavarría, respondió ayer jueves a los ataques del presidente Rodrigo Chaves Robles por medio de una carta pública en la que defendió la independencia y credibilidad del órgano electoral y alertó sobre el riesgo que suponen los ataques del Ejecutivo contra la institucionalidad democrática. 

Bueno, lo decíamos ayer: suspender a Randall Zúñiga era el siguiente paso obvio tras todo lo que ha ocurrido desde que trascendió la primera denuncia en su contra. El día de ayer la Corte Suprema de Justicia acordó apartarlo de su puesto por un periodo inicial de quince días hábiles con goce de salario, mientras se le investiga por las múltiples denuncias presentadas en su contra por mujeres que aseguran haber sido víctimas de violación. 

Como saben, el viernes pasado el director del OIJ, Randall Zúñiga fue denunciado por violación. La noticia trascendió este lunes, justo cuando OPA anunció que ayer martes empezaría a emitir un reportaje titulado “Las 2 caras del OIJ: Una historia de poder, sexo y secretos”. Antes de que se emitiera la primera parte de la serie trascendieron en prensa dos nuevas denuncias, por lo que el panorama previo a la emisión del reportaje ya resultaba más que complicado. 

Ayer se dio a conocer que el director del Organismo de Investigación Judicial, Randall Zúñiga fue denunciado el viernes pasado por el delito de violación. El Ministerio Público confirmó la apertura de una causa penal liderada por la Fiscalía Adjunta de Género. A la vez, ayer mismo la Corte Suprema de Justicia solicitó una investigación administrativa a cargo del Tribunal de la Inspección Judicial. 

Jueves de prédicas y pactos: mientras en el Hilton se cerraban las puertas a la prensa, se abrían al Espíritu Santo. La candidata oficialista Laura Fernández decidió amarrar su alianza con el sector evangélico firmando una carta de compromisos a puerta cerrada, rodeada de pastores, candidatos “provida” y cámaras propias, pero sin periodistas. En el video que ella misma difundió, Laura se dejó decir con solemnidad: "El sector cristiano ha sido utilizado como un botín político”. Sí, lo dijo mientras convertía ese mismo sector en… su nuevo botín político. 

Miércoles de encuesta, día en que el país entero finge sorpresa porque los números… son más o menos los mismos de siempre. El CIEP presentó su más reciente estudio de percepción sociopolítica y, aunque no hay grandes sobresaltos, el documento ofrece una radiografía interesante de este arranque de campaña electoral.

Martes de trámite político con tufo a déjà vu. La Asamblea volvió a abrir expediente para analizar si levanta la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves, esta vez a solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), cortesía de las famosas quince denuncias por beligerancia política.

La jornada de ayer estuvo claramente dominada por un nuevo capítulo del eterno reality nacional: Chaves y sus amigos contratistas:  La Nación reportó que la Fiscalía investiga al presidente por presunto peculado, a raíz de las presiones que —según relataron dos exjerarcas— ejerció para que el INS otorgara una garantía millonaria a la constructora mexicana Tradeco.