Desde julio de 2025, la nueva normativa VERIFACTU ha revolucionado la forma en que las empresas y profesionales deben emitir facturas en España. Esta regulación, encuadrada en la Ley Antifraude, obliga a enviar automáticamente a Hacienda los registros de facturación en tiempo real y afecta especialmente a los arrendamientos que se consideran actividad económica, es decir, cuando el inquilino es una empresa.
Para los propietarios que alquilan a empresas o profesionales con actividad económica, VERIFACTU supone una obligación ineludible: deben emitir facturas utilizando un software homologado que genere facturas verificables con código QR y huella digital incorporados. Estas facturas se remiten en tiempo real a Hacienda, garantizando la trazabilidad, inalterabilidad y transparencia del proceso.
Esta normativa no se aplica a los particulares que alquilan viviendas como rendimiento del capital inmobiliario y no tienen estructura empresarial ni empleados dedicados. En estos casos, la facturación se mantiene tradicional y no requiere homologación.
El incumplimiento de VERIFACTU puede acarrear sanciones de hasta 150.000 euros por ejercicio fiscal, por lo que la recomendación es clara: adopta cuanto antes un software compatible o contrata servicios especializados que gestionen la facturación electrónica de forma segura y efectiva.
Además, la normativa prevé plazos escalonados para su aplicación: desde enero de 2026 es obligatoria para empresas y sociedades mercantiles, y desde julio de 2026 para autónomos y otros sujetos.
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