En 2026 comenzará a regir en Chile la prohibición del uso de celulares en establecimientos educacionales, una medida que busca mejorar la convivencia y reducir distracciones. Pero detrás del consenso aparente surge una pregunta incómoda: ¿estamos legislando con evidencia o reaccionando desde el pánico moral? El celular no es solo un dispositivo, sino parte estructural de la vida social, emocional y educativa de niños y jóvenes, especialmente en un país marcado por profundas desigualdades. Regular puede ayudar, pero prohibir sin recursos, formación docente ni acompañamiento psicosocial corre el riesgo de transformarse en una política simbólica. La discusión de fondo no es apagar pantallas, sino decidir si la escuela del siglo XXI educa para el mundo real o intenta negarlo.